Discurso de Neelie Kroes, comisaria europea de Agenda Digital, en la GUADEC 2010, 17 de julio de 2010.

Transcripción traducida al español: 

«Software libre ya no es una expresión malsonante. Antes lo era, una que asustaba. Por ejemplo, en aplicaciones de gobierno electrónico y administraciones públicas, software libre era algo para usar en casa, como un hobby. Nadie se habría atrevido a usar una solución software libre en una organización pública. ¿Quién nos ofrecerá soporte técnico, y qué pasa si somos denunciados por infringir la propiedad intelectual de alguien si usamos esto?

Éstos eran los tipos de problemas que desalentaban a los dirigentes a seleccionar software por su mérito. Todavía no tenemos un campo de juego legal completo, pero por suerte las actitudes están cambiando.

Un ejemplo es el proyecto de la Comisión Europea OSOR. Este proyecto conciencia y estimula la reutilización de soluciones software libre de éxito, entre las administraciones públicas europeas. Otro ejemplo es EUPL, la licencia software libre de la Unión Europea, que bajo un marco de trabajo legal de la UE, permite licenciar fácilmente software software libre.

Hoy muchas grandes organizaciones de toda Europa, como el Ayuntamiento de Munich, usan soluciones como Linux. Y el gobierno del Reino Unido ha estado apoyando soluciones software libre desde 2009, con muchos departamentos del gobierno usándolo ahora como componente. Y por lo que oigo, esos equipos están encantados con los resultados.

La razón no es sólo una alta relación calidad precio, algo que es crítico en la situación financiera actual, sino también más elección. Hay menos dependencia de ciertos vendedores y menos costes de migración. Las cosas están cambiando, también en el sector privado. Ahora grandes compañías declaran, orgullosas, que no sólo están usando software software libre, sino contribuyendo a él. Y eso significa que muchos proyectos software libre importantes están de hecho apoyados por empresas que están invirtiendo en él. Estas empresas obtienen beneficios importantes. Y eso va a continuar como un apoyo importante al movimiento software libre.

Según datos de proveedores software libre, como Red Hat, los tres países de la UE con más actividad software libre son Francia, España y Alemania. Y con esos países tan grandes en cabeza, el momento del software libre va a seguir creciendo. Es más, el software libre está apareciendo en todas partes: en productos de consumo, en bases de datos, en software de negocio, en juegos y como componente de servicios ofrecidos por Internet. Y grandes iniciativas como NOiV, "de Nederland\nOpen in Verbinding" [Holanda en Conexión Abiertamente], de mi propio país, Holanda, están ayudando a hacerlo mayoritario también en administración pública.

La Comisión Europea ha hecho mucho para alentar esta tendencia. Un ejemplo es el Marco Europeo de Interoperabilidad, que pretende la interoperabilidad dentro de y entre las administraciones públicas. Y ahora la agenda digital para Europa, está aumentando su apuesta. Pretendemos un enfoque estratégico para la interoperabilidad y los estándares, y enfatizar el importante vínculo con la responsabilidad pública. Eso puede cambiar realmente la forma en que el software libre es visto en las administraciones públicas y ofrecer mucho potencial para pequeños y medianos proveedores.

Tenéis un rol importante en dar forma al futuro digital de Europa. Los gobiernos no pueden tan sólo anunciar y entregar el futuro digital. Debe venir de una responsabilidad orgánica y compartida. Y quiero construir un amplio movimiento para la acción digital. En la Unión Europea podemos unir a la gente, ayudarles a superar obstáculos, y ocasionalmente dar financiación para ayudar en investigación y desarrollo. Pero la diferencia real está hecha por la gente y las comunidades, como el movimiento de software libre.»

En una acción de gobierno coordinada dirigida directamente por el presidente Zapatero por compromiso expreso y directo con el presidente Obama de EEUU, el Consejo de Ministros del 20 de abril en Sevilla incluye en la futura Ley de Economía Sostenible importantes enmiendas a diversas leyes, incluso orgánicas, para implantar la censura administrativa en Internet sin tutela judicial y endurecer la Ley de Propiedad Intelectual.

"Zapatero evita ver las barbas de su vecino cortar"

Respeto a la Constitución 

La FFII hispana se opone tajantemente a que se cambie el marco legislativo actual para abrir el melón que permita a cualquier gobierno español poder, mediante decisión administrativa y sin proceso judicial pleno, ejercer la censura administrativa por causas no mayores (ejem. el copyright). Consideramos dichos cambios más propios del principio de involuciones a regímenes totalitaristas, que de un país que hace pocas décadas apostó por recorrer la senda de la verdadera democracia.

La Constitución Española de 1978 ampara a los ciudadanos en su derecho a publicar libremente y sin censura en cualquier medio, incluyendo Internet. También a que no se espíen sus comunicaciones privadas. Ambos derechos, recogidos en sus Artículos 20 y 18 respectivamente, están en riesgo de ser obviados y violados en virtud de un falsamente pretendido derecho superior: el de la difusa y manida propiedad intelectual.

Lo contenido en los Artículos 18 y 20 solamente puede ser limitado mediante "resolución judicial" bajo "garantía de tutela judicial efectiva", tal como también enuncia como derecho fundamental la Carta Magna en su Artículo 24. Esto es, nunca mediante una "autorización judicial" parcial o tangencial, tal y como parece pretender el Gobierno.

De aprobarse tal aberración democrática, permitiría un cierre cautelar de páginas web sin garantía alguna. También, a la hora de reabrir la web, implicaría una inversión en la carga de la prueba: se es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Esto agravaría el perjuicio sobre las webs afectadas por tal inconstitucional e innecesaria medida.

La industria del entretenimiento se equivoca 

Las presiones que recibe el Gobierno Español, que tienen su principal origen en los distintos gobiernos estadounidenses para beneficiar a su potente industria del entretenimiento (ejem. ACTA), no pueden ser óbice para que nuestros gobernantes se salten a la torera las garantías constitucionales de los ciudadanos, en este caso, en Internet.

Las webs españolas tienen el derecho a informar, y por tanto, a enlazar, a aquello que libremente consideren, indistintamente de si gusta más o menos a los gobiernos de turno de este u otros estados, así como a los diferentes intereses mediáticos, políticos, religiosos, económicos o de cualquier otra índole. La única salvedad por la que se puede y debe aplicar el Art. 122 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, esto es, el mecanismo de cierre cautelar por vía administrativa, ha de ser sólo y exclusivamente debido a casas mayores y urgentes. Esto es a la prevención de peligros contra la integridad y seguridad de las personas (y no de su bolsillo).

Para todo el resto, incluyendo la propiedad intelectual e industrial, en la legislación y jurisprudencia españolas existen actualmente suficientes medidas y prácticas judiciales para que se cierren de forma cautelar y con rapidez (2 meses o menos) webs o servicios de Internet que infrinjan la Ley. Sin embargo, dichas medidas son consideradas "insuficientemente rápidas" (!) por aquellos que pretenden censurar Internet arbitrariamente en base a decisiones gubernamentales o diplomáticas.

En la actualidad los jueces pueden aplicar medidas cautelares con las debidas garantías procesales. El plazo máximo marcado por ley es de 20 días hábiles. Sin embargo, también existe una modalidad corta, ya bien conocida, y usada por la industria del entretenimiento, que reduce dicho plazo a 5 días hábiles desde la presentación de la denuncia (Ley de Enjuiciamiento Civil, Art. 733).

Pero el problema de los que aún se afanan en defender obsoletos modelos de negocio del entretenimiento no radica ahí. La tozuda realidad la constituye el hecho de que todos los juicios que hasta la fecha se han celebrado en España, en los que se pedía el cierre de una web por enlaces supuestamente ilícitos, han sido perdidos por los demandantes de dichos cierres. Es más, aquellas webs que preventivamente habían sido cerradas, con el consiguiente escarnio mediático incluso espoleado por la propia Administración, se han podido reabrir por estar realizando una actividad totalmente legal (casos sharemula, indice-web.com, agujero.com, etmusica.com, etc.)

Canon: ¿compensatorio de qué?

Por otra parte, resulta absolutamente incongruente que los ciudadanos españoles estén obligados a pagar un "canon compensatorio" por su derecho a la copia privada y que pese a eso se pretenda censurar a los medios de información (incluyendo webs) que informen acerca del ejercicio de ese derecho.

Es más, dicho "canon compensatorio" presenta importantes incongruencias, como tasar indiscriminadamente a los principales medios que permiten el desarrollo de la sociedad de la información y de las industrias innovadoras tecnológicamente, así como tasar también indiscriminadamente a las personas jurídicas, entidades a las que ya se les retiró tal derecho de copia privada que anteriormente sí ostentaban (hasta el propio Poder Judicial). Para colmo, dicho canon en su actual modalidad tiene una gestión privada absolutamente fuera de la auditoría y el control ciudadano y parlamentario.

La FFII exige por tanto el respeto de las leyes en su redacción actual, frenando al competo la sobreprotección de la propiedad intelectual en detrimento de otros derechos de los ciudadanos; la gestión pública de los importes generados por el pago del canon compensatorio para que no resulte un impuesto privado; la corrección del sistema de canon para que discrimine en función de los derechos que acojan al comprador del medio, y de los usos que con él vaya a ejercer, o; la sustitución al completo del sistema de canon compensatorio por otro tipo de sistema más justo y preciso que no invada los derechos básicos de los ciudadanos.

Medidas para una economía verdaderamente sostenible

Respecto a la Ley de Economía sostenible, la FFII española considera importante que se incluyan en ella medidas como la neutralidad en la red como medida de fomento de la innovación y el negocio digital por parte de la iniciativa privada; la eliminación del canon compensatorio al sector profesional y a las entidades no beneficiadas por el derecho de copia privada; el respeto de la privacidad mediante la eliminación de la retención de datos administrativa en telefonía y telecomunicaciones; el establecimiento de medidas punitivas contra el incumplimiento de la Ley 11/2007 de Acceso de los Ciudadanos a los Servicios Públicos; el establecimiento de garantías suficientes en materia legal contra la venta vinculada y las prácticas monopolísticas en la venta minorista de informática; la separación en la contabilidad pública de hardware, software y servicios informáticos como único medio de control efectivo del gasto público en tal materia; la prohibición a la Oficina Española de Patentes y Marcas a su práctica en establecimiento de conceder patentes de software y modelos de negocio; la lucha efectiva contra la copia ilegal de software por ejemplo obligando a los fabricantes de software privativo a incluir medidas anticopia en sus aplicaciones para evitar la "piratería consentida" (dumping);...

Medidas adoptadas por FFII en España

Por todo ello la FFII Internacional ha decidido participar y adherirse a la "Carta por la Innovación, la Creatividad y el Acceso al Conocimiento", y la FFII hispana a tanto el "Manifiesto en defensa de los Derechos Fundamentales en Internet",como a su campaña paralela de autoinculpación presunta masiva "La Lista de Sinde".

Al principio era el estricto secreto y la opacidad de las negociaciones sobre el Acuerdo de Comercio Anti-Falsificación lo que causaba un gran malestar tanto entre los eurodiputad@s como entre la misma "comunidad europea" funcionarial, cívica y empresarial que trabaja en Bruselas. Después, poco a poco, conforme que se iban filtrando las informaciones sobre el contenido de las negociaciones de ACTA, comenzaba a cundir el disgusto y el miedo a una draconiana legislación que se pretende meter por la puerta trasera de los derechos y libertades básicas.

Algunos elementos del propuesto acuerdo ACTA asustan en lo que tienen de regresiva marcha atrás, como son: el filtro de los datos personales por parte de las empresas operadoras; el corte del acceso a Internet por vías administrativas de decisión; la persecución criminal a cargo de empresas privadas; la confusión entre la justicia administrativa y la justicia penal; y la explosión de la sospecha global generalizada sin discriminar una posible utilización no-comercial de la cultura y la información.

Hoy 24 de febrero en el Parlamento Europeo se ha presentado una "declaración escrita" en contra de ACTA, y se está preparando otra resolución oral para el próximo pleno de marzo sobre la falta de transparencia del proceso, y sobre el informe que el Supervisor Europeo de Datos acaba de publicar muy crítico acerca de las amenazas que suponen los acuerdos de ACTA para la protección de los datos personales.

El informe del Supervisor de Datos Personales de la Unión Europea sobre ACTA es muy crítico por su posible vulneración del Derecho Comunitario y de los Derechos Fundamentales de ciudadanía que protegen la intimidad de las personas. En su opinión oficial, el Supervisor de Datos Personales de la UE afirma que no es legal responsabilizar a los proveedores de Internet de los contenidos e informaciones que fluyan por sus servicios y redes. Además, considera que el corte de la conexión de Internet es una medida que vulnera un derecho fundamental y que por tanto no puede ser llevada a cabo sin decisión judicial previa.

Hoy en la rueda de prensa que presentaba la "declaración escrita" y que espera conseguir la firma de la mayoría de los eurodiputad@s,  los primeros firmantes: Castex, Lambrinidis, Rothova y Alvaro, tuvieron palabras muy duras tanto sobre el proceso como acerca de los contenidos de un «ACTA, en lo que resulta ser: "un blanqueo legislativo a escala global para meter por la puerta trasera lo que ningún parlamento nacional estaría dispuesto aprobar», y en lo que supone: «el control sistemático de l@s ciudadan@s que otorga más poder a las las servidoras de internet que el que tiene la policía para luchar contra el terrorismo», o lo que supone: «colocar la responsabilidad civil sobre las empresas de Internet es como responsabilizar a la oficina de correos del contenido de las cartas que reparten.»

Cada vez más las tendencias represivas están siendo trazadas en la gran batalla sobre el significado de la libertad en la Era Digital. La ciudadanía debe tener la última palabra.

David Hammerstein
(Ex-Eurodiputado Grupo Verde)